lunes

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN [DECLARE NULIDAD O SUCESORIAMENTE LA REVOQUE]

EXPEDIENTE : 
ESPECIALISTA : 
ESCRITO :
CUADERNO : PRINCIPAL


APELACIÓN DE SENTENCIA


SEÑOR JUEZ DEL TERCER (3°) JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIZA DE LIMA NORTE:



LUCIO VORENUS, en los seguidos contra doña ATIA DE LOS JULIOS Y OTRO, sobre DIVISIÓN Y PARTICIÓN (PARTICIÓN DE HERENCIA); con el debido respeto a usted atentamente dice:

I.- PETITORIO:

Que, el día 17 de diciembre del año en curso he recibido en mi domicilio procesal, el contenido de la Resolución N° 27 (Sentencia), expedido por vuestro Despacho con fecha 22 de noviembre 2013, en la cual se ha resuelto declarar FUNDADA la demanda sobre DIVISIÓN Y PARTICIÓN (PARTICIÓN DE HERENCIA) que interpuse contra doña ATIA DE LOS JULIOS Y OTRO, sin embargo, también se ha resuelto EXONERAR LOS COSTOS Y COSTAS a los demandados; por lo que no encontrándola arreglada a Ley ni mis los Intereses, interpongo RECURSO DE APELACIÓN a fin de que el Superior Jerárquico declare su Nulidad o sucesoriamente la Revoque, en base a los fundamentos de hecho y de derecho que ha continuación expongo:

II.- FUNDAMENTOS DE HECHOS:

1. Que conforme se aprecia de la “Decisión” o Fallo de la Sentencia materia de impugnación, si bien el señor Juez ha declarado “Fundada” mi demanda sobre DIVISIÓN Y PARTICIÓN (PARTICIÓN DE HERENCIA) incoado en contra de doña ATIA DE LOS JULIOS Y OTRO, también es que se les ha EXONERADO a los emplazados el pago de las Costas y Costos.

2. En los fundamentos de la Sentencia materia de la presente apelación, específicamente en el fundamento Décimo Primero señala lo siguiente:

“Que, en cuanto a los costos y costas del proceso: estando amparada la pretensión, y estando a su naturaleza, esto es, que se trata de División y Partición de un bien inmueble, que corresponde como obligación al titular de una propiedad inmueble indiviso realizar, y además a los hechos alegados por la parte demandada y no advirtiéndose manifiesta temeridad procesal, esta judicatura considera pertinente exonerar a la parte demandada del pago de las costas y costos”.

3. Ahora bien; la doctrina y la jurisprudencia señala: “Es de cargo de la parte vencida el reembolso de las costas y costos del proceso, salvo declaración judicial expresa y motivada”. (Expediente N° 000-00 del 27.10.97).

4. Entonces, ateniéndonos a la sentencia materia de apelación, en ella se hace mención respecto a los hechos alegados por la parte demandada como si esta parte se hubiera allanado y hubiera reconocido la demanda, muy por el contrario, en su escrito de contestación de la demanda, esta parte fue totalmente confrontacional, inclusive quería que se incluya en el proceso a un tercero de nombre ...................................................., entendiéndose con ello que no ha existido voluntad de llegar a un acuerdo armonioso con los otros copropietarios como los recurrentes, situación que nos obligó a demandar, y es sabido que el acudir al poder judicial acarrea una serie de gastos a lo que se le llama Costas y Costos.

5. En ese sentido, el criterio establecido por casi la totalidad de la doctrina que ha abordado el tema de las costas y costos, es que se trata de un pronunciamiento accesorio a la resolución que analiza un proceso o un incidente. El más representativo defensor de este carácter accesorio fue Chiovenda, para quien la condena de costas y costos “es un complemento necesario de la declaración de derecho …”. A lo dicho por Chiovenda, podemos agregar que este carácter accesorio radica en que la condena no tiene hechos constitutivos propios, es decir, no obedece a la identificación, por parte del juzgador, de un comportamiento temerario o de mala fe del litigante que deba ser castigado por el ordenamiento, sino simplemente es consecuencia de la derrota de una de las partes, y dicha concepción no ha sido tomado en cuenta por el juzgador en la sentencia materia de apelación, conforme así lo dispone inclusive el inciso 6 del artículo 122 del Código Procesal Civil, lo cual consideramos un atentado y agravio hacia nosotros.

6. Conforme se aprecia de la sentencia, el fundamento por el cual el juzgado eximió de la condena de costas y costos a los demandados, radicó en la apreciación de razones de la no existencia de temeridad procesal, es decir que hubo razones atendibles para litigar. Sin embargo, estas “razones” han sido materia de mucha controversia en la doctrina y legislación comparada y sus repercusiones se sienten hasta nuestros días.

Por ejemplo, en Italia se habla de exención de la condena en costas cuando medien “justos motivos para litigar”. Sin embargo, desde el 2009, la fórmula cambió en dicho país y ahora se hace alusión a “graves y excepcionales razones”, aunque observándolo bien se trata de la misma regulación, pero expresada en otros términos. Lo cierto es que, históricamente, en virtud de esta causal, los jueces nacionales y extranjeros (en la cual incluimos al a´quo) encontraron y encuentran hoy la salida perfecta para no condenar al derrotado, y de este modo, evitar infringirles lo que ellos considerarían un doble daño (el primero sería no haberles dado la razón en el proceso y el segundo condenarlos al reembolso de las costas y costos). Quienes así piensan no reparan, sin embargo, que tratando de evitar
tal situación, en realidad están optando por una solución más injusta, toda vez que se estaría dañando al vencedor, quien a pesar de su victoria no podrá recuperar lo que gastó en el proceso defendiendo sus derechos .

7. Por otro lado, resulta una tarea muy difícil determinar el contenido de los justos motivos (o razones atendibles) para litigar, los supuestos son infinitos, tanto como la imaginación de los juzgadores. Tal es el ejemplo de la sentencia materia de apelación en la cual el juez solo habla de que “no ha existido temeridad procesal”, cuando es al contrario, conforme se podrá apreciar del contenido de la contestación de la demanda, por lo que seguiremos expuestos a la total discrecionalidad de los juzgadores como el a´quo para la exención de la condena con resoluciones carentes de motivación como la apelada.

8. En la legislación actual, el primer párrafo del artículo 412 del Código Procesal Civil no hace referencia a las razones o motivos para litigar, sólo dispone que el derrotado será condenado, salvo declaración expresa y motivada de exoneración. Sin embargo, imaginamos que la fórmula del código anterior se encuentra tan arraigada por los operadores jurídicos que aún la siguen empleando, como en el caso de la sentencia materia de apelación. Sin perjuicio de ello, lo planteado por el artículo 412 del Código Procesal Civil, nos parece adecuado sobre todo, por la plenitud que representa, dado que, las causales de exención de la condena pueden ser diversas, siendo los motivos atendibles para litigar sólo una de ellas, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

9. Por otro lado, PARA EXONERAR DE LA CONDENA DE COSTAS Y COSTOS, también se ha podido apreciar que en la sentencia materia de impugnación, NO SE HA OBSERVADO los requisitos que establece el propio Articulo 122° del Código Procesal Civil, ya que no existe la argumentación y fundamentación necesaria en este tipo de resoluciones (Sentencia), solo se señala que no se ha demostrado la no existencia de temeridad procesal, además de no haberse indicado las normas aplicables de manera expresa y justa, no se ha resuelto conforme a los antecedentes; es decir, no se ha tomado en cuenta lo que dice: “…SALVO DECLARACIÓN JUDICIAL EXPRESA Y MOTIVADA..”..

10. La prestación del servicio jurisdiccional se obtiene cuando después de un proceso o de los trámites adecuados, el Juez o Tribunal expide una sentencia que pone fin a la instancia; resolución que implica un acto decisorio que a través de un juicio racional y voluntario conlleva a la apreciación subjetiva de conformidad o disconformidad con la pretensión ejercida por los sujetos de derechos con el derecho objetivo, otorgando o denegando ésta.

11. La necesidad de la motivación en las sentencias se encuentra establecida en el artículo 139 numeral 5) de nuestra Constitución como un derecho constitucional y por ende un derecho fundamental a un debido proceso. Por otro lado, en El Código Procesal Civil encontramos en el artículo 50° numeral 5) como un deber del Juez el de motivar las sentencias, es decir que su incumplimiento origina sanciones de diversa índole, y para agregar lo señalado en el punto anterior, el artículo 122° numeral 4) también prescribe y contempla la necesidad de motivar y fundamentar los autos y sentencias, cuyo incumplimiento por el juez es causal de nulidad.

12. En este orden de hechos, la motivación de una resolución, en especial de una sentencia, supone una justificación racional, no arbitraria de la misma, expresada mediante un razonamiento lógico concreto, no abstracto, particular, no genérico, esta justificación debe incluir: Un juicio lógico, motivación razonada del derecho, motivación razonada de los hechos y respuesta a las pretensiones de las partes. La motivación es pues una prohibición de arbitrariedad; situación que en el caso de la sentencia materia de apelación no se ha cumplido en ninguno de sus aspectos AL EXONERAR A LOS DEMANDADOS DEL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS, es decir se ha emitido una sentencia solo por inferencias y supuestos, infiriéndose con ello, que la resolución dictada y que me agravia ha sido fruto de una lectura e interpretación ligera de la demanda Y DE SU CONTESTACIÓN. MOTIVO POR EL CUAL ESTOY PRESENTANDO EL MEDIO IMPUGNATORIO CON EL OBJETO O FIN DE OBTENER SU REVOCACIÓN O ANULACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR.

III. FUNDAMENTACIÓN DEL AGRAVIO Y DE LA PRETENCION IMPUGNATORIA:

A. Que, la Resolución (sentencia) injusta y arbitraria expedido por el señor a´quo con fecha 22 de noviembre 2013, me causa AGRAVIO material, económico y moral, por considerarla atentatoria contra mi derecho a un debido proceso, ya que al emitirse dicha resolución se pretende desconocer lo que la Ley por derecho ordena (PAGO DE COSTAS Y COSTOS), más aun sin la debida motivación, cosa que acarrea nulidad absoluta. Reflejándose con todo ello, que la sentencia expedida ha sido fruto de una lectura e interpretación ligera, por lo que el Superior Jerárquico deberá REVOCAR o ANULAR por ser atentatoria e intimidatoria a mis derechos.

B. Por otro lado, mi pretensión impugnatoria se sustenta en el hecho, de que frente al agravio o ante la incorrecta aplicación de las normas materiales, sustantivas y procesales, el Superior en jerarquía revoque o declare la nulidad de la Resolución (Sentencia) que estoy impugnando y ordene al señor Aquo emitir una nueva resolución con arreglo a Ley.

V.- FUNDAMENTOS JURIDICOS:

Mi pretensión impugnatoria se sustenta principalmente en las siguientes normas legales:

 Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que consagra el derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

 Artículos 364, 365 Inciso 2, 366, 367, 371, 376, 491, numeral 12 y demás Artículos Pertinentes del Código Procesal Civil; que faculta el examen de la resolución agraviante con el propósito de que sea anulada o revocada; que estoy cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos prescritos en los Artículos señalados, asimismo la estoy presentando en el término que confiere la Ley.

 Artículo 494 del Código Procesal Civil, conforme al cual la sentencia en el proceso sumarísimo es apelable con efecto suspensivo.

POR TANTO:

Sírvase Ud. señor Juez resolver conforme a lo solicitado y conceder la Apelación interpuesta con EFECTO SUSPENSIVO y oportunamente elevar los autos al Superior Jerárquico.


Lima Norte, 23 de diciembre del 2013.



sábado

PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

Expediente : 
Escrito : 01 
Cuaderno : Principal 
Sumilla : PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

SEÑOR JUEZ DE PAZ LETRADO 
DE SAN MARTÍN DE PORRES Y LOS OLIVOS:

ZOSIMO ARGUMEDO CAMPOS, identificado con DNI N° 08543958, con domicilio real en la Av. Antúnez de Mayolo N° 676 – Cooperativa Santa Apolonia, distrito de San Martín de Porres, señalando domicilio procesal en la Av. Eduardo de Habich N° 575-A, Of. 201, Urb. Ingeniería, San Martín de Porres; A Ud. Atentamente dice:

I. DEMANDADA:

R & S CARPINTERIA INTEGRAL EN MADERA S.R.L, a quien se deberá notificar en el Jr. Las Blendas Nº 565, Urbanización Inca Manco Capac, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

II. PETITORIO:

Que, en la vía de PROCESO UNICO DE EJECUCION, Interpongo demanda SOBRE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, a fin de que la demandada cumpla con pagarme la suma de S/. 15,979.oo (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), los Intereses Legales que correspondan, mas las Costas y Costos del proceso, en atención a los fundamentos que paso a exponer.

III. FUNDAMENTOS DE HECHOS:

PRIMERO.- Con fecha 08 de marzo del 2010, don Luis Reynando Sipan Tello, en su calidad de representante de la ejecutada R & S CARPINTERIA INTEGRAL EN MADERA S.R.L, me giró el Cheque N° 0000005 002 191 1625263097 a cargo del Banco de Crédito del Perú, por el importe de S/. 15,979.oo, constituyéndome en beneficiario de dicho Título Valor, en vista que el recurrente le había vendido cierta cantidad de mercadería consistente en madera por el monto del cheque.

SEGUNDO.- Es el caso señor Juez, que al apersonarme al banco respectivo para hacer efectivo el cobro del Cheque descrito en el punto anterior, me di con la ingrata sorpresa que la Cuenta Corriente del denunciado había sido cancelado; por lo que viéndome burlado ante la actitud maliciosa y abusiva del representante de la demandada, con fecha 05 de Julio del año en curso le cursé una Carta Notarial, requiriéndole al pago del importe del Cheque, en caso contrario acudiría a las autoridades judiciales, cosa que hasta la fecha no he obtenido respuesta alguna.

TERCERO.- De lo expuesto, resulta claro que estoy presentando una pretensión legalmente digna de tutela y que cuenta con interés y legitimidad para obrar, en concordancia con los Artículos IV del Título Preliminar y 690 (Dec. Leg. 1069) del Código Procesal Civil, pues conforme se desprende del Título Ejecutivo, existe una obligación de pago representada en la misma y que a la fecha se encuentra vencida e impaga, por lo que la obligación es Cierta, Expresa y Exigible en el tiempo, Lugar y Modo.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Amparo mi pretensión en lo siguiente:

Artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil: Respecto a que mi parte está cumpliendo con la forma del escrito, requisitos y anexos que prescriben las normas acotadas para la presentación de una demanda.

Artículo 688 Inc. 4° del Código Procesal Civil: Que establece; Se puede promover proceso de ejecución en virtud de un Título ejecutivo. En el caso de autos el Cheque impago por Falta de Fondos que adjunto.

Artículos 690 (Dec. Leg. 1069) y demás pertinentes del Código Procesal Civil: Que disponen La legitimación para promover ejecución quien en el título ejecutivo o de ejecución tiene reconocido un derecho a su favor, contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado; Como el caso del Título Valor que estoy anexando.

Artículos 1219 Inciso 1, 1220, 1241, 1242 y demás pertinentes del Código Civil: Referente a que; El acreedor tiene el derecho de proceder con las garantías en el orden que mejor le convenga, cobrando los gastos e intereses de Ley, más si se tiene en cuenta, que el ejecutado no ha pagado la prestación.

Amparo también mi solicitud en lo establecido por los Artículos 18, 66, 158 y demás Artículos pertinentes de la Ley de Títulos Valores 27287: Artículos que exponen respecto al mérito ejecutivo de los Títulos Valores, el lugar de pago y además todos los requisitos formales que debe contener un cheque como la que anexo a mi demanda.


V. MONTO DEL PETITORIO Y COMPETENCIA:

Cumplo con señalar que el monto de mi petitorio es la suma de S/. 15,979.oo (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES). Por lo que vuestro Despacho es competente para conocer la presente demanda, puesto que la misma no supera los 50 Unidades de Referencia Procesal conforme lo exige nuestro ordenamiento procesal.

VI. VIA PROCEDIMENTAL:

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 688 Inciso 4 del Código Procesal Civil (Dec. Leg. 1069), de acuerdo a su naturaleza y a mi pretensión, la presente demanda deberá tramitarse en la VIA DE PROCESO UNICO DE EJECUCIÓN

VII.- MEDIOS PROBATORIOS:

Como medios probatorios de mi demanda ofrezco lo siguiente:

1) El mérito de la Cheque N° 0000005 002 191 1625263097 a cargo del Banco de Crédito del Perú, por el importe de S/. 15,979.oo, con fecha de pago el 29/03/2010.

2) El merito de la Carta Notarial de Requerimiento de fecha 05 de Julio del 2010, con lo que pruebo en forma indubitable, que mi parte siempre ha tenido la intención de llegar a un acuerdo armonioso con la ejecutada para que me pague su deuda.

VIII.- ANEXOS DE LA DEMANDA:

Como Anexos de la presente demanda, adjunto los siguientes documentos:
ANEXO 1-A.- Copia de D.N.I del recurrente
ANEXO 1-B.- Cheque N° 0000005 002 191 1625263097, por la suma de S/. 15,979.oo
ANEXO 1-C.- Carta Notarial de Fecha 05 de Julio del 2010
ANEXO 1-D.- Tasa Judicial por calificación de Título de Ejecución
ANEXO 1-E.- 02 Tasas Por derecho de Notificación

POR TANTO:

Sírvase Ud. señor Juez admitir la presente demanda, darle el trámite que a su naturaleza corresponde y oportunamente declararla fundada en todos sus extremos.

OTROSI DIGO.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 80 concordante con el Artículo 74 del Código Procesal Civil, otorgo facultades generales de representación al Abogado que autoriza la presente demanda, designando el domicilio personal indicado en la introducción del mismo, quien declara estar instruido de la representación y los alcances otorgados.
Cono Norte, 06 de Setiembre del 2010

viernes

MODELO ESCRITO DE DEMANDA DESALOJO

Secretario:
Expediente Nº:

Cuaderno: Principal

Escrito Nº: 1

Sumilla: Demanda de desalojo por falta de pago.


JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DEL CALLAO




CARLOS IRIARTE, identificado con DNI Nº …..................., con dirección domiciliaria en Jr. El Pescador Nº 210 – El Callao, señalando domicilio procesal en Jr. Buenos Aires Nº 305 – El Callao; a Ud; atentamente digo:

Tal como aparece del testimonio de la Escritura que contiene el poder otorgado por la Sra. Romelia Vicenta Gutiérrez Vda. De Ascencio, con intervención del Notario Público, doctor Juan Vargas Pérez, tengo la condición de apoderado judicial con facultad especial, para interponer demandas judiciales, conciliar, transigir y otros. A tenor de lo dispuesto por los Arts. 585 y 586 del Código Procesal Civil, interpongo como Apoderado Judicial de la Sra. Romelia Vicenta Gutiérrez Vda. De Ascencio y en la vía de proceso sumarísimo, demanda de desalojo en contra de los Sres. Javier Reyes Sandoval, Rosa Sarias Salas y Boris Reyes Salas, domiciliados en la Calle Ciro Alegría Nº 243 – Bellavista – El Callao, a fin de que, dándole por resuelto el contrato de arrendamiento, se disponga la desocupación de la casa habitación ubicado en la calle Ciro Alegría Nº 243 – Bellavista – El Callao, cuyo inmueble es de propiedad de la demandante, en base a lo siguiente:

I.- PETITORIO:
1. Pedimos que el juzgado ordene se nos restituya en la posesión la casa habitación que ocupan los demandados, por haber incurrido en la causal de resolución de contrato de arrendamiento, por haber dejado de pagar la renta convenida por más de dos meses y medio; se dé por terminado el contrato de arrendamiento, dando por fundada la presente demanda de desalojo por falta de pago.


2.Acumulativamente, solicitamos que se nos pague la renta de la casa - habitación materia de la presente demanda que han dejado de pagar, hasta la fecha de la entrega materia del bien.

3. El pago de la renta o alquiler mensual dejado de pagar, también solicitamos se incluya los intereses legales del dinero.


II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

    1. La Señora Romelia Vicente Gutiérrez Vda. De Asencio, es propietaria del inmueble urbano de 500 m2 de área, ubicado en la calle Ciro Alegría Nº 243-Bellavista – El Callao, el cual se encuentra registrado a nombre de la demandante, según ficha Nº 19700, Tomo 56, asiento 145 de los Registros Públicos del Callao.

    2. Por Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de noviembre del 2006, la recurrente hizo entrega en calidad de arrendamiento la mencionada casa habitación a los demandados, por el alquiler de US$ 600.00 mensuales a favor de la demandante.

    3. Es el caso que los demandados han dejado de pagar la renta convenida correspondiente a los meses de Enero 2007, Febrero 2007 y Marzo 2007, habiendo ellos incurrido en causal de resolución del contrato de arrendamiento indicado.

    4. Con fecha 17 de marzo se les notificó a los demandados sobre la resolución de contrato y la devolución del inmueble materia de la demanda.

    5. El inmueble materia de la demanda se entregó a los demandados en buen estado de conservación y con todos los bienes accesorios propios de una casa habitación. Al término del contrato mencionado se estableció que los demandados debían devolver el inmueble en iguales condiciones en que lo recibieron.

    6. Se debe tener en cuenta que conforme lo señala la doctrina ”en el proceso de desalojo se busca resolver un litigio cuyo objeto es la restitución de un predio a su legitimo usuario, quien exige la devolución del uso a quien viene ocupándolo sin justo titulo o habiendo perdido este.” (SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro (2006): Proceso de Desalojo. LEJ. Lima Pág. 9)

    III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

    Constitución:
    1. Conforme lo señala el artículo 70º de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad, me encuentro privado de la misma al no poder hacer uso y disfrute de mi bien inmueble.

    2.- Concordante con el artículo 2 inciso 16 referido al derecho a la propiedad, derecho del cual me encuentro investido conforme al titulo que acompaño a la presente demanda.

    Código Civil:

    1.- Conforme lo establece el artículo 923º del Código Civil, el cual define el derecho de la propiedad, me encuentro impedido de usar y disfrutar de este derecho, ante la imposibilidad de detentar el mismo.

    2.- El artículo 1666º C.C. define el arrendamiento contrato que ha sudo suscrito por mi persona en calidad de arrendador con la persona del demandado en calidad de arrendatario.

    3.-El artículo 168 el demandado arrendador del bien de mi propiedad se encuentra obligado entre otras cosas: inciso 2) A pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenido, incumplimiento que se ha venido dando pese a los requerimientos, hecho que ha dado origen a la interposición de la presente demanda.

    4.- Que asimismo, conforme lo señala el artículo 1697 del mismo cuerpo legal el contrato de arrendamiento puede resolverse: inciso 5) en caso de incumplimiento, de cualesquiera de sus obligaciones; y ante el incumplimiento en el pago de la renta se hace efectiva la causal antes aludida

    5.- El artículo 1371º del C.C. define la figura de la resolución contractual, el mismo que se deja sin efecto por causal sobreviviente a su celebración, hecho que se da en el caso materia de nuestra pretensión.

    6.- El artículo 1429º del C.C. el cual regula la resolución de pleno derecho y habiéndose remitido la carta notarial requiriendo el cumplimiento de su obligación la misma que no fue realizada, esta se hace efectiva de pleno derecho.

    7.- Finalmente, que al quedar resuelto el contrato, el arrendatario demandado, tiene la calidad de precario, de conformidad con el artículo 911 del C.C.
    Código Procesal Civil:

    1. Están facultados para promover el proceso de desalojo el propietario y toda persona que es considerado tener derechos, en aplicación de lo dispuesto por el Art. 586 del C.P.C. y, por consiguiente, la recurrente, como propietaria del bien tiene legitimidad procesal para promover el presente proceso de desalojo.

    2. Los demandados han incurrido en causal de resolución del contrato de arrendamiento, en aplicación del Art. 1697 del C.C., que establece que quien no paga más de dos meses y medio, por la renta del bien, incurre en mora, que es causal de resolución de contrato de arrendamiento.

    3. El desalojo se sustenta en la causal de falta de pago según el Art. 591 C.P.C., mediante la cual se sustenta la carta notarial de aviso de fin de contrato y devolución del inmueble.

    Jurisprudencia:

    “El proceso de desalojo está destinado a obtener la restitución de un predio ocupado por una persona, en los distintos supuestos en que es procedente, de tal manera que consentida o ejecutoriada la sentencia, el lanzamiento se ejecuta contra todos los que ocupen el predio.”

    Cas 497-98- Ancash. El Peruano 04-05-1998. Pág. 871.


    “en un proceso sobre desalojo por ocupación precaria, el actor debe acreditar fehacientemente su derecho de propiedad con relación al bien sub litis y que la parte demandada ejerce una posesión sin titulo que la respalde o habiéndolo tenido éste ha fenecido.”

    Cas 2479-99 La Libertad, El Peruano, 11-01-2000 p. 4526.


    IV. VIA PROCEDIMENTAL:

    El presente proceso deberá tramitarse bajo las reglas del proceso SUMARISIMO

    V.- MEDIOS DE PRUEBA:

    Ofrecemos los siguientes medios de prueba:

    1. El mérito del Contrato de Arrendamiento de fecha 01 de noviembre del 2006, celebrado con los demandados. Documento que demuestra la existencia de una relación contractual en la que se establece que la falta de pago tiene una casual de resolución de contrato de arrendamiento.

    2. Copia de la ficha 19700, tomo 56, asiento 145 expedida el 10 de abril del 2007 por los Registros Públicos del Callao, documento que acredita la condición de propietaria de la recurrente, respecto del bien materia de la presente demanda.
    3. Copia de la Carta Notarial entregado a los demandados en aviso al fin del contrato y la devolución del inmueble.


    VI.-ANEXOS:

    1.A Copia del DNI del representante del recurrente.

    1.B Testimonio del poder que otorgó doña Romelia Vicenta Gutiérrez Vda. De Ascencio, a nombre del recurrente a fin de que la represente en todos los actos en el poder señalados.

    1.C Copia de la ficha de fecha 10 de abril del 2007 expedida por los Registros Públicos del Callao.

    1.D Copia de la Carta Notarial de fecha 17 de marzo del 2007.

    1.E Copia del acta de Conciliación

    1.F. Aaranceles Judiciales por ofrecimiento de Pruebas y por cedulas de notificación

    POR TANTO:

    Al Juzgado, pedimos admitir la presente demanda y declararla fundada en su oportunidad.

    Callao, 23 de Abril del 2007.


sábado

CONTRATO DE GARANTÍA entre EL ESTADO PERUANO Y LA PERSONA JURÍDICA APM TERMINALS CALLAO SA

Temas tratados en el presente Contrato de Garantía entre el Estado Peruano y la persona jurídica denominada APM TERMINALS CALLAO S. A., básicamente las siguientes:

Antecedentes y Definiciones
Garantías del Concedente al Concesionario.
Arbitraje basado en el Contrato de Concesión y en el articulo 2º del Decreto Legislativo Nº 1071
Vigencia del Contrato.
Acta de entrega de bienes
Acta de recepción de obras
Actas de Reversión de los bienes
Amarre y desamarre
Concedente
Concurso
Construcción
El Contrato de Concesión
El Contrato de Asociación en Participación
Controversia Técnica
Sociedad Concesionaria
Naturaleza Jurídica, Objeto, Modalidad y Caracteres del Contrato.
Plazo.
Reglamentos Internos.
Derechos y Deberes de la Sociedad Concesionaria.
Régimen Tributario y Aduanero de la Concesión.
Fideicomiso.
Garantías.
Pólizas de Seguros.
Responsabilidades Ambientales.
Inversiones.
Penalidades Aplicables al Contrato. (clic en la imagen para descargar)


 Clic Para Descargar el Archivo.


Nombre del Archivo: Contrato de Concesión del Estado Peruano.
Tipo de Archivo: PDF.
Tamaño del Archivo: 13,3 megabytes.
Páginas: 651.

Servidor: Mediafire.

observación: el presente archivo es solo con el interés didáctico, por el desarrollo y la calidad jurídica del material.

viernes

MODELO DE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA [SOLICITA SE Declare la NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FICTAS DENEGATORIAS]

EXPEDIENTE
Esp. Legal :
Cuaderno : Principal
Escrito : 1
Semilla : DEMANDA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO CON SUB ESPECIALIDAD PREVISIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI Nº --------------, con domicilio real en ------------------ Nº ------- ---------------------------- de Lima, Distrito de --------------------- – Lima y con Domicilio Procesal en la CASILLA N° --------- sito en el EDIFICIO ------------------------- - AV. --------------------, SEDE DEL PODER JUDICIAL; ante Ud. dice:

  1. PETITORIO
Que, al amparo de lo prescrito en los Arts. 1°, 3°, 4° numeral 1; 5° numeral 2°; 8°, 9° primer párrafo; 110 primer párrafo; 13° numeral 1; 17° numeral 1 18° y 20 numeral 1; de la Ley 27584 recurro a vuestro Despacho interponiendo DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA contra EL BANCO DE LA NACIÓN, con domicilio en la Av. ------------------------------------- Nº ---------- - ----------, lugar donde se le efectuará el emplazamiento con esta demanda.
ACTUACIÓN IMPUGNABLE
De conformidad con el numeral 2) Art. 4° de la Ley N° 27584 concordante con lo normado en los numerales 186.1 y 186.2 del Art. 186° de la Ley N° 27444 es objeto de petición:
  1. PRETENSIÓN PRINCIPAL
Declare la NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FICTA DENEGATORIAS del Banco de La Nación respecto a los dos Recursos de Apelación presentados por el suscrito el ----- de -------- del 2013 y el ----- de ----- del 2013 respectivamente, presentada contra las Resoluciones denegatorias a través de las cartas EF/------- Nº ----- – 2013 de fecha ---- de ----- del 2013 y EF/----------- Nº ----- – 2013 de fecha ----- de ------- del 2013 expedidas por la Sra. ----------------------, Sub Gerente Jefe de la División Administrativa de pensiones, mediante las cuales DENIEGA mis solicitudes de pago de los Decretos de Urgencia señalados de fecha ----- de -------- y subsanado el ----- de ------ del 2013 y ---- de ------ del 2013 con el cual solicité:

1) QUE MI PENSIÓN SEA INCREMENTADA EN MIS BOLETAS DE PAGO con la BONIFICACIÓN ESPECIAL EQUIVALENTE AL 16% DE LA REMUNERACIÓN total permanente señalado en el inciso (a) del Artículo 8vo del D.S. N° 051-91-PCM, remuneración total común dispuesto por el D.S. N° 213-90-EF, ASIGNACIONES Y OTRAS BONIFICACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL POR SER PENSIONISTA PERTENECIENTE AL DECRETO LEY N° 20530, 23495 Y 25146 INCREMENTO QUE SOLICITO EN VIRTUD A LOS SIGUIENTES DECRETOS DE URGENCIA.

a. El D.U. N° 0000-00 de fecha -------- de ---------------- de ---------, en el cual solicito el REINTEGRO DE LOS PAGOS DEVENGADOS desde noviembre 1996 hasta la fecha de ejecución de sentencia y que deben reflejarse en mis boletas de pago mensual.

b. El D.U. N 000-00 de fecha ---- de ----------- de ------, solicitando el REINTEGRO DE LOS PAGOS DEVENGADOS por la diferencia remunerativa existente entre la remuneración total permanente del recurrente y la suma de SI. 164.00 Nuevos soles que se me otorga incorrectamente, violando el articulo 51 de nuestra carta política, en forma fija desde agosto de 1997 a la fecha de la ejecución de la sentencia y que se reflejen en mis boletas mensuales de pago.

c. El D.U. N 000-00 de fecha --- de --------- de ------- solicitando reintegro de los pagos devengados por la diferencia remunerativa existente entre la remuneración total permanente del recurrente y la suma de SI. 174.00 nuevos soles que me otorgó incorrectamente el Banco de la Nación en forma fija, violando el articulo 51 de nuestra carta política, DEBIENDO SER EL 16% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE QUE PERCIBE EL ACTOR EN LOS TRES DECRETOS DE URGENCIA EN MENCIÓN DESDE ABRIL DE 1999 A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y QUE SE REFLEJEN EN MIS BOLETAS DE PAGO MENSUAL.

2) PRETENSIÓN ACUMULATIVAS ACCESORIAS
Conforme lo autoriza el Artículo 87) parte pertinente del Código Procesal Civil.
2.1. Que se abone el pago de estos devengados que debe ser el 16% de la Remuneración total permanente que debo percibir en los tres Decretos de Urgencia en mención desde abril de 1999 a la fecha de ejecución de sentencia y que se reflejen en mis boletas de pago.
2.2. El reconocimiento del Derecho del Actor a que el Banco de la Nación me abone los intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, sobre las sumas a reintegrar por devengados.
2.3. El reconocimiento del Derecho del actor y como consecuencia del reconocimiento del Derecho Señalado en mi petitorio o pretensión principal, mediante sentencia consentida y ejecutoriada, a que el Banco de la Nación abone y se refleje en mis boletas de pago el 16% total correspondiente a los Decretos de Urgencia mencionados.
Cabe señalar Señor Juez que la acumulación objetiva ordinaria de pretensiones reclamadas por mi persona reúne los requisitos exigidos en el artículo 85) del Código Procesal Civil por cuanto:
  1. Las pretensiones materia de acumulación son de competencia del mismo Juez tal como se desprende del artículo 9no de la Ley N° 27584.
  2. Porque las pretensiones objeto de acumulación no son contrarias entre sí.
  3. Porque las pretensiones acumuladas objetiva y ordinariamente son tramitables en la misma vía procedimental, esto es la que señala el artículo 25) de la Ley 27584.

  1. FUNDAMENTOS DE HECHO DE MI PETITORIO
PRIMERO: Que, el suscrito demandante, tiene la condición de ser Pensionista, cesante del Banco de la Nación, dentro del Régimen Pensionario del D.L. 20530, Ley 25146, como la Ley 23495 y su Reglamento, CON LA CATEGORÍA DE TÉCNICO IV, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 000-00 EF/00-0000 DE FECHA FEBRERO DE 1992, DONDE SE ME RECONOCE TODOS MIS DERECHOS ADQUIRIDOS AL LLEGAR A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE CESANTÍA, incluyendo el Derecho a la nivelación Que consagra la 8va. Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979 aplicable por temporalidad y la que explicitan y desarrollan las Leyes 23495 y 25146, y su REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 015-83- PCM, establece:
Que la nivelación de pensiones se produce cada vez que hay variación en el monto que percibe un trabajador activo desde la dación de la Ley N° 28389 Ley de Reforma Constitucional de la Despromulgada Constitución de 1993 por mandato Ley N° 27600 que decidió quitar la firma de Alberto Fujimori Fujimori en la Constitución.

SEGUNDO: Que así mismo Respetable Juez el articulo segundo de dichos decretos de urgencia (090-96), (073-97) y (011-99). Disponen

Que la bonificación especial dispuesta por el presente decreto de urgencia será el equivalente a aplicar el 16% sobre la remuneración total permanente.

2.A Así mismo Señor Juez, en los artículos primero y tercero de los decretos de urgencia mencionados precisan a que personal activo de la administración pública debe de otorgársele, como así mismo a que pensionistas del estado le corresponde esta bonificación del 16%.

TERCERO: Que al expedirse los Decretos de Urgencia N° 090-96 de fecha 11 de Noviembre de 1996, Decreto de Urgencia 073-97 de fecha 31 de Julio de 1997 como el Decreto de Urgencia Nº 011-99 de fecha 11 de Marzo de 1999, estos establecen en su artículo tercero.

Que los cesantes comprendidos en la Ley Nº 23495 Reglamentada por el D.S. 015-83-PCM percibirán la bonificación dispuesta por el presente Decreto de urgencia.

CUARTO: Que así mismo Respetable Juez, dicho Articulo 3ro de Los Decretos de Urgencia (090-96) (073-97) (011-99) no solo tiene naturaleza de nivelación pensionaria sino: Que por el contrario constituyen Beneficios Legales independientes otorgados a los pensionistas del D.L. 20530 de manera directa y expresa en tanto cumplan con a) ser pensionista, b) estar comprendido en la ley 23495 o 20530, c) pertenecer al régimen previsional del Sector Público del Estado.

QUINTO: Al respecto digno Juez, mi persona es pensionista del Banco de la Nación (Régimen Previsional del Sector Público del Estado) estoy comprendido en la Ley 23495 y 20530 como lo corrobora mi Resolución Administrativa EF/00-0000 Nº 000-00 de fecha febrero 1992 que me incorpora al Régimen Previsional del Decreto Ley 20530, y por lo tanto debe abonarse dichos Decretos de urgencia peticionados por mi parte.

SEXTO: Que, mi derecho está amparado en el Art. 3º de los Decretos de Urgencia N° 090-96; 073-97 y 011-99 en las cuales se establece taxativamente que dichos incrementos son de aplicación a los pensionistas sujetos al régimen del D.L. N° 20530 como mi caso, reconocidos por la Cuarta Disposición Final y Transitorio de la Constitución Política del Estado, concordante con los Art. 4º, 9° y 25° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o Pacto de San José y por consiguiente corresponde al AD-QUEN la protección tuitiva al trabajador y pensionista y la defensa de los derechos humanos en torno a los derechos fundamentales y económicos; teniendo en cuenta que estas bonificaciones constituyen el patrimonio familiar alimenticio y cuya protección tuitiva no debe desampararse; habida cuenta que la Constitución repulsa el abuso de derecho.

SÉTIMO: A mayor abundamiento la sala constitucional y social Transitoria de la Corte Suprema de la República en la casación Nº 6611-2009 Junin de fecha 22 de junio 2011 seguido por Doña Julia Arroyo Viuda de MIllan y otros contra el Banco de la Nación, ha señalado y precisado lo siguiente:
Considerativo Sétimo:
Respecto a los pensionistas, la norma aplicable es el articulo 3ro de los Decretos de urgencia (Nº 090-96) (Nº 073-97) y (Nº 011-99).

Considerativo Noveno:
Señala que existen sendas sentencias del Tribunal Constitucional que lo señalan, siendo oportuno citar los Fundamentos 4 y 5 de la sentencia Nº 643-2001-AD/C (…) señalando que no tiene sustento legal, la afirmación de la emplazada para denegar el pedido del demandante basándose en el inciso a) del Art. Sexto de dicho decreto de urgencia (Esto es a trabajadores activos)

Debe tenerse en cuenta que el inciso (a) del articulo 6to al excluir de la bonificación especial al personal no contemplado en los Art. 1ro) y 3ro) de los acotados decretos de urgencia ratifica que los regímenes pensionarios citados en el Artículo 3ro) gozan del mencionado beneficio, por lo que debe entenderse que la mencionada bonificación será de aplicación a los pensionistas del Régimen del Decreto Ley 20530, al cual pertenece el demandante.

Resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema como las Sentencias del Tribunal Constitucional (Nº 701-2003-AA/TC) (Nº 643-2001- AA /TC) y (Nº 695-2001- AA/TC) entre otros ejecutorias que constituyen Doctrina Jurisprudencial conforme a lo señalado en el artículo VI del Titulo Preliminar del Código procesal Constitucional.




  1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Amparo mi petición en lo dispuesto por las normas legales:
CONSTITUCIÓN DE 1993
  1. LA PARTE PERTINENTE DEL ART. 38°, que señala que todos TENEMOS que respetar la Constitución del Perú y el Ordenamiento Jurídico de la Nación.
  2. El Inc. 20 del Art. 2° que declara:
  3. "Toda persona tiene derecho a formular petición individual (...) por escrito a la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad.
  4. El inciso 2 del Art. 2º Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley (...).
  5. Ley N° 25146 aplicable a los trabajadores del Banco de la Nación que en su artículo 2do expresa:
  6. Los decretos de urgencia (Nº 090-96), (Nº 073-97) y (Nº 011-99)
Artículo 2do: Las pensiones de los cesantes del Banco de la Nación se nivelarán y modificaran en el mismo monto que corresponda y cada vez que se produzcan variaciones de las remuneraciones DE LOS SERVIDORES ACTIVOS DE LA PROPIA INSTITUCIÓN, que desempeñan un cargo idéntico, similar o equivalente al cargo de mayor nivel o categoría desempeñado por el pensionista.
  1. La Ley 23495 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 015-83-PCM Aplicable, a mi caso norma legal esta que es concordante con lo prescrito por el artículo 6to del D.L. 20530 cuando establece que:
Es pensionable toda remuneración afecta al descuento para pensiones - están afectas al descuento para pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el tiempo y regulares en su monto.
  1. Articulo 57 y 187 de la Constitución de 1979 y su artículo 26 en sus incisos 1, 2 y 3 de la Constitución de 1993

  1. PROCEDIMENTAL
La presente demanda se tramitará bajo las normas del PROCESO ESPECIAL conforme a lo dispuesto por la Ley 28531.

  1. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco como medios de prueba los siguientes:
  1. El mérito de la Resolución Administrativa EF/92-5150 Nº 044 – 92 de fecha Febrero de 1992 Expedida por el Banco de la Nación por la cual se me incorpora al Régimen Pensionario del D.L. 20530, con la categoría de técnico IV donde se expresa que mi pensión tiene la condición de ser nivelable.

  1. El mérito de las Cartas Recurso de Petición Administrativa que mi parte efectúa al Banco de la Nación su fecha 20 de abril del 2012 y petotorioa de fecha 7 de mayo del 2012 ambas solicitando que mi pensión sea incrementada en mis boletas de pago con la bonificación especial equivalente al 16% de la Remuneración Total permanente en virtud a los Decretos de Urgencia N° 090-96 de fecha 11 de Noviembre de 1996; D.U. N° 073-97 de fecha 31 de Julio de 1997 y el D.U. 011-99 de fecha 11 de Marzo de 1999.

  1. El merito de las cartas emitidas por el Banco de la Nación EF/92.2340 Nº 700-2012 de fecha 26 de abril del 2012 y EF/92.2340 Nº 0933-2012 de fecha 28 de junio del 2012

  1. El mérito de los Recursos Administrativos Impugnatorios de la apelación de fecha 7 de mayo del 2012 y 21 de Junio del 2012 presentados por mi parte contra la Resolución Carta EF/92.2340 Nº 700-2012 y Carta EF/92.2340 Nº 858-2012 de fecha 26 de abril del 2012 y 06 de junio del 2012 respectivamente

  1. El merito de los Recursos de fecha 21 de junio del 2012 y 09 de agosto del 2012 donde doy por agotada la vía administrativa.

  1. El mérito de mis Boletas de Pago en el N° de 11 donde acredito que el Banco de la Nación no me abona la Bonificación Especial equivalente al 16% de la Remuneración Total Permanente dispuesta por los Decretos de Urgencia 090-96; N° 073-97 y D.U. N° 011-99

  1. Sentencia Nº 3566 – 2004 AA/TC Pucallpa de fecha 13 de enero 2005 seguido por Luis Fernández Cornejo contra SEDAPAL
Sentencia Nº 1252-2005 PC/TC Julio de fecha 30 mayo 2005 seguido por Luis Ernesto Bromley León contra SEDAPAL.
Sentencia Nº 4818-2004 AC/TC de fecha 18 de mayo del 2005 seguido por DOÑA CLEOFÉ PALMA BARBI DE HUARAY contra SEDAPAL.

El mérito a la Sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, dentro del Control Concentrado, recaída en el expediente N° 2126: 2004-AC/TC seguido por ZOILA AURORA ESCOBAR ENVARES contra SEDAPAL

  1. El mérito de la fotocopia de los Decretos de Urgencia que mi parte peticionó como incremento de abono en mis boletas de pensiones donde podrá apreciarse en su Artículo 3º) señala que "los cesantes comprendidos en la Ley comprendidos en la Ley 23495, 20530 (..) percibirán la Bonificación dispuesta por el presente Decrete devengado".

  1. El merito de las sentencias expedidas por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, recaída en el expediente Nº 18607 – 2008 seguido por Emilio Arturo Pereyra Toledo y expediente Nº 08180-2008 seguido por Julio Fermin Sinfón Llanos, ambos contra el Banco de la Nación en caso análogos al mío y el merito de la sentencia recaída en el expediente 0690-2008 de la Primera Sala Contenciosa Administrativa seguida por la Asociación Nacional de Pensionistas del Banco de la Nación contra el Banco de la Nación, por la cual confirman las sentencias en apelación, las cuales fueron declaradas fundadas.

  1. Igualmente a mayor abundamiento la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República en la Casación Nº 6611-209-Junín seguida por Doña Julia Arroyo Vda. De Millán y Otros, contra el Banco de la Nación se ha pronunciado en el considerativo séptimo que (…) respecto a los pensionistas la norma aplicable, es el artículo 3º de los Decretos de Urgencia Nº (090-96) , (073-97) y (011-99) y en el noveno de la misma casación, reitera que el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la procedencia del pago de dichas bonificaciones a favor de los pensionistas en distintas sentencias, por lo que dichas Ejecutorias constituyen Doctrina jurisprudencial en aplicación del artículo sexto (Ultimo párrafo) del Código Procesal Constitucional, asimismo el merito de la sentencia de vista de la 2º sala mixta de Huancayo, Expediente Nº 123-2009 en la que revocan la sentencia que declaran infundada la demanda contenciosa administrativa y reformándola la declaran fundada, su fecha 16 de junio del 2009 y EL MÉRITO DEL DICTAMEN DEL FISCAL SUPREMO QUE SE PRONUNCIA A FAVOR.

  1. ANEXOS:
1.A. Copia de mi DNI
1.B. Copia de mi Resolución
1.C. Cartas de Petición Administrativa solicitando pago de Bonificación 16% dados por los Decretos de Urgencia de fechas 20 de abril del 2012 y la que subsana el 25 de abril del 2012 y carta Mayo del 2012.
1.D. Cartas Administrativas del Banco de la Nación EF/92.2340 Nº 700-2012 de fecha 26 de abril del 2012 y 0933-2012 de fecha 28 de junio del 2012.
1.E. Recursos Impugnatorios de Apelación de fechas 27 de mayo del 2012 y 21 de Junio del 2012 contra cartas Administrativas del Banco de la Nación
1.F. Recursos, que doy por agotada la Vía Administrativa de fechas 21 de junio del 2012 y 09 de agosto del 2012
1.G. Boletas de Pago.
1.H. Sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional
1.I. Decretos de Urgencia
1.J. Sentencia de vista expediente N° 18607-2008
Sentencia de vista expediente N° 08180-2008
Sentencia de vista expediente N° 0690-2006
1.K. Copia de casación Nº 6611 – 2009 – Junín y Copia Dictamen del Fiscal Supremo.
1.L. Copia de la sentencia de la segunda sala mixta de Huancayo, expediente Nº 123-2009


POR LO EXPUESTO:
A Usted respetable Juez, pido tener por interpuesta la presente Demanda sustanciarla conforme a su naturaleza, y en su oportunidad declararla FUNDADA en todos sus extremos, con intereses legales y pago de costas y costos si se opone.




Lima ,07 de marzo 
 

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